A principios de octubre, la Entertainment Software Association (ESA) presentaba un reporte que identificaba a los «cheat sites», sitios que ofrecen formas de modificar el software de los juegos para obtener algún tipo de ventaja, como una de las grandes amenazas para la industria de los videojuegos.
Y ahora el desarrollador Ubisoft ha arremetido contra el creador de uno de los más conocidos «cheats» para el juego Rainbow Six Siege. Conocido como CheapBoost o Budget Edition Rainbow Six: Siege Cheat, este permite a las personas manipular R6S para su ventaja al «aumentar el daño infligido por el jugador, cambiar la perspectiva del jugador y permitir que el jugador vea áreas del campo de batalla que de otro modo estarían ocultas».
La demanda nombra a J.V.L., un adolescente con residencia en los Países Bajos, así como a su madre Sandra Rijken – con quién desarrolló el software – y a todos aquellos que apoyaron el «cheat» o lo comercializaron. Además, también se cita a las entidades comerciales Mizusoft, que vendió el «cheat», y Simply san Webdesign, que recolectó, transmitió y procesó pagos de clientes de Mizusoft.
De acuerdo con Ubisoft, Mizusoft fue creado con el “propósito expreso” de proteger a J.V.L y su madre de las consecuencias legales de crear y distribuir «cheat». “Por lo tanto, los negocios de los demandados son de naturaleza totalmente parasitaria y se basan enteramente en causar daños a Ubisoft y su comunidad,” lee la demanda.
En este sentido, destacan que el software desarrollado por el acusado no solo ha arruinado la experiencia de juego para muchos jugadores que han perdido cualquier interés en seguir jugando al juego, sino que también les ha costado mucho dinero tratando de mitigar sus efectos.
Por otro lado, la compañía también señala que tanto el adolescente como su madre tenían expreso conocimiento de la ilegalidad de sus acciones, habiéndolo confirmado expresamente durante su aparición en un segmento del programa BBC News en el que dijo “si Ubisoft decide buscarte por una infracción de derechos de autor, pasarás por un mal momento.”
En este sentido, Ubisoft está exigiendo las ganancias generadas por los acusados, que según ellos podrían ascender a cientos de miles de dólares, los costos de la demanda, y también plantea que de lo contrario tiene derecho a daños legales máximos de US$ 25.000 por cada incumplimiento de la DMCA.
Sin embargo, la queja no sólo implica reclamos bajo la DMCA. Un segundo cargo afirma “interferencia intencional en las relaciones contractuales”, acusando a los demandados de alentar e inducir a sus clientes a incumplir con los términos de uso de Ubisoft.
Pero más allá de la compensación financiera, Ubisoft busca cerrar las operaciones de Mizusoft y conseguir una orden judicial que impida las actividades detalladas en la queja, así como la entrega de todo material que infrinja sus derechos y las cuentas que muestran todas las ventas de productos y «cheating services» en EEUU.
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Sofia Vanoli
Editora