Considerándola «inconstitucional» y violatoria de los derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México declaró inválidas las modificaciones legales introducidas por el partido de gobierno en 2019 que dictaban prisión preventiva oficiosa para delitos como contrabando, defraudación fiscal y uso de facturas falsas.
Las refomas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal, entre otros, fueron introducidas via decreto en noviembre de 2019 por el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena, que en aquel entonces poseía mayoría legislativa.
En febrero de este año el senado volvió a aprobar la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa para incluir femicidios, corrupción y diferentes fraudes. Segun la Información Estadística Penitenciaria Nacional, el 42% de las personas privadas de la libertad están en espera de sentencia.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanods y legisladores de la pposición acusaron a las reformas de vulnerar la libertad personal, el debido proceso, las garantías judiciales y el principio de presunción de inocencia.
La prisión preventiva oficiosa es inconvencional, por ser contraria al principio de presunción de inocencia. Al interpretar la Constitución estamos obligados a hacerlo a la luz del artículo primero constitucional y privilegiar el principio pro personae. pic.twitter.com/MmmuxgMpeI
— Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) October 25, 2021
Siete de miembros de la SCJN concordaron con estas críticas. El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, afirmó: «No se puede estarse ampliando simplemente el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. No solo se trata de no acatar la Constitución, sino de tomarnos en serio los derechos humanos, que son parte del artículo primero constitucional (…) El peligro procesal no puede presumirse. Tiene que justificarse».
«La realidad es que el uso de la prisión preventiva está profundamente arraigado en nuestra cultura y en nuestra práctica judicial, y que con ello se ha normalizado la percepción de que es un instrumento válido de persecución penal. Sin embargo, las consecuencias negativas de su uso excesivo están ampliamente documentadas (…) Pero lo más grave son las consecuencias para el estado de derecho y la democracia», detalló Zaldívar en una columna en el diario Milenio.
«En un verdadero estado de derecho, no se adelantan las penas, no se sanciona antes de condenar. En una democracia, por regla general, los juicios se enfrentan en libertad. No podemos dar marcha hacia una realidad en la que la prisión preventiva sea utilizada como una forma de justicia sumaria», afirmó el ministro presidente de la SCJN.
En declaraciones a la prensa, el presidente mexicano aseguró que el fallo de la SCJN protege a los corruptos: «Los fifís no irán a la cárcel», afirmó AMLO.
Fuente: Expansión.mx
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