Mientras medios locales como La Diaria indican que Uruguay podría terminar con una de las peores leyes de propiedad intelectual del mundo, distintos sectores del gobierno también se han manifestado en contra una reforma de la ley, incluyendo la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay (ABU) y el Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje (ProEVA) de la Universidad de la República.
En la actualidad, la propiedad intelectual tiene una protección de 50 años después de la muerte del autor o autora, abarcando a los autores y sus herederos, tal como estipula el Convenio de Berna, del que Uruguay es parte.
Sin embargo, el senador Pablo Mieres ha propuesto una modificación bastante polémica que pretende aumentar el plazo de todos los derechos de propiedad intelectual a 70 años y de forma retroactiva. Esto significaría que muchas de las obras que ya están en dominio público volverán al dominio privado.
En este sentido, la ABU elevó una carta en la que se cuestiona qué sucedería con los entornos virtuales de aprendizaje y con la preservación y difusión por museos, archivos y bibliotecas.
“Insistimos en que para lograr un equilibrio entre los derechos de los autores y los derechos de la comunidad toda a acceder a todo tipo de obra, a la información y al conocimiento deben incorporarse a nuestra legislación limitaciones y excepciones en favor de la educación, la investigación, las bibliotecas, archivos y museos,” lee la carta.
“Más allá de estas diferencias en cuanto a los beneficios que pudieran obtener los autores, consideramos que desde el punto de vista de las Bibliotecas estas modificaciones acarrean nuevas dificultades en cuanto al acceso a las obras culturales. El lapso de espera de 20 años más que implica dicha modificación para que una obra entre en dominio público, representa una verdadera dificultad para acceder a obras de las que los autores, en este caso sus herederos, tienen todos sus derechos.”
“Como bibliotecólogos queremos señalar que aumentar el plazo de protección para todas las obras e interpretaciones, sin contextualizarlo en una Ley de derecho de autor y derechos conexos que cuente con limitaciones y excepciones, que permitan el acceso libre a la información, el préstamo, la digitalización y la conservación del acervo cultural de nuestro país, sólo hará que aumente el desequilibrio de la misma en detrimento de los usuarios, es decir, estudiantes, docentes, investigadores, bibliotecólogos, archivólogos, museólogos, trabajadores de industrias culturales, en suma, creadores del arte y del conocimiento,” agrega.
Y la posición de la Universidad de la República es similar, ya que consideran que “pondrían en riesgo gran parte de la estrategia de Educación Abierta que viene llevando a cabo la Universidad de la República, así como el trabajo que vienen realizando diferentes bibliotecas y archivos de la UDELAR y otras instituciones públicas y privadas”.
“La creación de una nueva “ventanilla” de cobro, a través de una gestora de contenidos, aumentaría el riesgo en la que se encuentra la UDELAR, al habilitar la posibilidad de nuevos reclamos, como pueden ser los estudios cinematográficos internacionales. Esto se debe, por un lado, a que es frecuente la utilización de fragmentos de películas licenciadas con todos los derechos reservados, en las clases de la UDELAR y, por otro, a la inexistencia de la cita audiovisual o del uso con fines educativos (muy común en otros países). Esta práctica se verá aún más expuesta gracias a la estrategia de educación abierta que lleva adelante la UDELAR, a través de su ecosistema digital de aprendizaje denominado +EVA.,” explican desde el ente.
“Es necesario poner el foco en lograr un balance justo y equitativo entre los derechos de autor y el acceso a la cultura. Creemos que estas modificaciones a la ley atenta contra ese equilibrio,” concluye.
De no lograr este balance, Uruguay efectivamente tendría una de las peores leyes de propiedad intelectual. El aumento de plazos no es nada nuevo, pero en muchos países, en especial varios de América Latina, siempre vienen acompañados de excepciones para proteger a las instituciones culturales y a la educación. Esto es lo que estaría faltando el Uruguay y, de momento, parecería no estar considerado.
Actualización – 19 de diciembre. Tras escribir el artículo, con 75 votos en 79 la Cámara de Representantes aprobó a ultima hora del miércoles la reforma sugerida por Mieres, que ahora pasará a aumentar el plazo de todos los derechos de propiedad intelectual a 70 años y de forma retroactiva.
Del mismo modo, los intérpretes, editoriales o discográficas podrán cobrar regalías hasta 70 años de la primera edición.
El motivo de la reforma sería llevar a Uruguay al mismo nivel que otros países internacionales y evitar así que artistas nacionales se vean tentados a registrar sus obras en otros países.
De momento, la ley no incluiría las limitaciones y excepciones que surgen como tan necesarias, pero el tema se puso el tapete.
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Sofia Vanoli
Editora