El área de propiedad intelectual de Palomo Abogados -antes Palomo y Porras- nació en conjunto con la entrada en vigencia de la reforma de la ley de propiedad intelectual en Guatemala, hace ya dos décadas. Lo que en un inicio surgió para responder a nuevas inquietudes de los clientes, nacidas del cambio normativo, se ha transformado en una de las prácticas más importantes de la firma.
«Nos hicimos conocidos en el mercado por ser una firma que litigaba, que atendía asuntos complejos en el área de propiedad intelectual, sobre todo en el área de propiedad industrial», explica Héctor Palomo, socio fundador de Palomo Abogados. «En algún momento fue una duda existencial que tuvimos sobre montar toda la estructura que se necesita para atender a los clientes en temas de piratería, pero hoy no nos arrepentimos de haber entrado en ese campo y ser hoy asesores de PI integrales».
Sandra Iriarte es la directora de PI de Palomo Abogados prácticamente desde el nacimiento del área y hoy, junto a Paula Passarelli, asesora de PI, lideran la respuesta de la firma en materias de falsificación y piratería.
En el plano local, el estudio trabaja de cerca con todos los actores locales en materia de PI, incluyendo la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham), integrando -y llegando a encabezar- el Comité de Propiedad Intelectual de la misma, mientras que internacionalmente ha generado una «red de asociados y un networking» con diferentes firmas que les han permitido tomar clientes de escala panregional.
Problemas endémicos
Como ocurre en otros países de la región, la falsificación, el contrabando y la piratería tienen enorme impacto en Guatemala, esto pese a la presencia de una ley «bastante estandarizada» y una fiscalía especializada en PI.
«Falsificación hay muchísima, en todos los sectores, desde productos de consumo, como shampoo o pasta de dientes,; en tecnología, mucho producto que ingresa desde China, como teléfonos y baterías», detalla Iriarte. «También hay muchísimo contrabando, que viene sobre todo en la frontera con México, como huevos, pollos y cigarrillos».
En piratería, por su parte, el marco legal no ha podido seguirle el paso a los avances tecnológicos. «La ley se reformó en el año 2000 y la verdad que, desde entonces, ha tenido algunas reformas por el acuerdo de asociación con la Unión Europea, pero en temas de piratería ha visto pocas reformas», señala Iriarte. «La legislación actual es bastante estandarizada, el problema es en la aplicación de esa ley, en casos de piratería sobre todo».
La presencia de una fiscalía especializada -la Fiscalia de Delitos Contra la Propiedad intelectual del Ministerio Público- es una ventaja a la hora de enfrentar estos crímenes, porque, según comenta Palomo, genera un «filtro contar con un área especializada en el manejo de la investigación y la persecución judicial, antes de llegar a los tribunales».
«La ley permite que se haga algún tipo de adecuación negociada, muchos de los titulares de marca lo que buscan son indemnizaciones, y es lo que este tipo de fiscalía administra muy bien, antes de ir a un tribunal», explica. «Da lugar a que hayan adecuaciones entre las partes que permitan una indemnización, un acuerdo de destrucción de productos, ese tipo de figuras para evitar un juicio de largo alcance».
El problema surge en la capacidad de respuesta -y la atención- que se brinda de parte de la autoridad. Palomo Abogados, tanto de manera individual como parte del comité especializado de AmCham, ha participado de múltiples jornadas de capacitación a las autoridades, incluyendo a agentes de Aduanas a los que se les ha brindado trainings específicos para detectar ciertos productos falsificados.
«La limitación es que Aduanas en Guatemala ha sido una de las áreas más corruptas y ha tenido muchísimo cambio de personal, por lo que los funcionarios que capacitaste hace dos meses, puede ser que la mitad hoy ya no este», lamenta Iriarte.
«También nos dimos cuenta que las autoridades no estaban poniéndole tanto ojo al tema de propiedad intelectual, a menos que fuese una defraudación tributaria», explica Passarelli. «La autoridad les ponía el ojo al revisar que eran teléfonos celulares valorados en más de 100 dólares y venían declarados en 10».
«Nos ha sorprendido ver en el camino de casos que empiezan en ventas de semáforos que cuando se persiguen nos hemos encontrado con mafias italianas o fábricas en China». explica Palomo. «Ahí es donde nos toca hacer la concientización aquí con las autoridades de qué dejamos de hacer cuando se genera la permisibilidad de este tipo de comercios. Sorprende lo que hay del otro lado del muro, es una cadena bien peligrosa y hay que tratarla con mucho cuidado».
Problemas pandémicos
La pandemia del covid-19 ha traído otros desafíos a la mesa en materia de propiedad intelectual, al tiempo que ha puesto un enorme peso en la protección de las marcas en los marketplaces digitales.
«En relación a esos portales hemos encontrado muchísima falsificación, no solo en Guatemala, sino en México, Brasil, Panamá, Argentina, donde se están vendiendo productos falsificados o que usan la marca de un cliente que tal vez ni siquiera fabrica ese tipo de productos que se ofrece», señala Passarelli. «Vemos que son personas que, por lo general, tienen alguna empresa más grande detrás, un gran importador, y que hay muchos vendedores que son aislados».
«Es un reto tratar de obtener información que sea relevante o importante para seguir el hilo de alguna investigación que llegue a dar a esa persona que es la que está cometiendo la infracción», agrega.
Uno de los desafíos que imponen los marketplaces es el trabajo de monitoreo y reclamo, asumida por el titular de la marca -«Es una inversión de tiempo y dinero importante», explica Passarelli- y, por motivos de la cuarentena, algo que se ha trasladado a otros ámbitos.
Un caso destacado por los abogados de Palomo es la sentencia reciente de la fiscalía especializada sobre un material falsificado incautado en el puerto. La fiscalía ordenó su destrucción, pero, por motivos de la cuarentena, dejó la misma en manos del titular de la marca afectada. «Nuestro cliente quiere la destrucción del producto y vamos a llegar a esa instancia, tenemos que ver cómo nos adecuamos», comenta Palomo. «Pero te sorprende un poquito porque el acompañamiento del Ministerio Público se está dejando de hacer».
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Luis Cabrera
Editor en Jefe