Los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) volvieron a fracasar en la negociación que busca llegar a un acuerdo sobre la propuesta de suspender los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas contra el Covid-19, con el fin de impulsar su producción y favorecer a las naciones más pobres.
Sudáfrica e India han sido los promotores de una suspensión temporal de algunos de los derechos de PI y otros tratamientos para combatir la pandemia. La propuesta se presentó en octubre y ha recibido el apoyo de la Unión Europea, Japón y Corea del Sur, entre otros.
Este martes se volvió a discutir el tema en la sede de la OMC en Ginebra, pero nuevamente se falló en lograr un consenso. Los países miembros volverán a reunirse, de manera informal, a comienzos de setiembre, planeando luego la reunión oficial que se realizará el 13 y 14 de octubre.
«No hay forma de que dejen de discutir esto; es demasiado importante», dijo Keith Rockwell, portavoz de la OMC. «Es un tema muy emotivo y no se va a detener».
Los defensores argumentan que la eliminación temporal de los derechos de propiedad intelectual impulsará la producción en los países en desarrollo y abordará la dramática desigualdad en el acceso.
Esa noción se ha encontrado durante mucho tiempo con una feroz oposición de los gigantes farmacéuticos y sus países anfitriones, que insisten en que las patentes no son los principales obstáculos para aumentar la producción y advierten que la medida podría obstaculizar la innovación.
Un nuevo estudio de la organización Alianza Vacuna del Pueblo concluyó que el costo de vacunar al mundo sería cinco veces más económico si los fabricantes de vacunas no obtuvieran ganancias de miles de millones de dólares. La alianza, apoyada por varias otras organizaciones internacionales, estima que las farmacéuticas Pfizer-BioNTech y Moderna están cobrando a los Gobiernos hasta 41.000 millones por encima del costo de producción estimado.
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