La regularización, mediante decreto presidencial, de los autos «chocolate» -el término que se utiliza para identificar los vehículos ingresados ilegalmente a México- ha despertado enorme molestia en la industria automotriz mexicana, con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automores (AMDA) asegurando que lo que se hizo fue «legalizar el contrabando» de vehículos.
El presidente ejecutivo de AMDA, Guillermo Prieto, afirmó, durante el Foro Automotor AMDA 2021 que se realiza el 18 y 19 de octubre, que para la asociación los autos «chocolate» son ilegales y «lo que está sucediendo es legalizar el contrabando».
«Están legalizando lo ilegal», reafirmó Prieto.
En un comunicado emitido inmediatamente después de conocerce el decreto presidencia, AMDA afirmó que evaluará interponer acciones judiciales contra el mismo.
«Una vez que se publique el instrumento jurídico que fundamenta la regularización emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador se evaluará la pertinencia jurídica de emprender acciones de defensa ante el Poder Judicial de la Federación», mencionó la AMDA en un comunicado.
El comunicado asegura que la legalización del «contrabando automotriz» es un «premio» a las mafias criminales y la «burocracia corrupta».
«La regularización del contrabando automotriz será un premio a las mafias criminales y a la burocracia corrupta que lo ejecutan y lo toleran si no se emprenden procedimientos administrativos y penales que hagan caer todo el peso de la ley a quienes se han enriquecido cometiendo delitos, cubiertos con el manto de benefactores de los más pobres», dice el texto.
El decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Ensenada, Baja California, pondrá en efecto la regularización de los autos «chocolate» en siete estados fronterizos con EEUU, de donde provienen la mayoría de los vehículos ilegales en México: Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Baja California Sur.
López Obrador señaló que tan solo con la regularización de más de 500.000 automóviles que circulan en Baja California de manera ilegal, se podrán recaudar casi 300 millones de pesos mexicanos que se quedarán en la entidad.
En un mismo sentido, Roca Icela Rodríguez,, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que muchos de estos vehículos son utilizados por organizaciones criminales: «Solo por dar un ejemplo, del 1 de noviembre del 2019 al 30 de agosto de 2020, en Baja California fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales, 370 vehículos usados para la comisión de homicidios calificados, 78% de los cuales son de origen extranjero e irregulares».
«De ahí la importancia de avanzar en la regularización para que dejen de estar en el anonimato, estos vehículos y pueden llevarse a cabo las investigaciones para dar con los responsables de la violencia», comentó Rodríguez.
Para regularizar los autos «chocolate» se deberá pagar un monto fijo cercano a los 2.500 pesos mexicanos.
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