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INTA: El desafío de transmitir el valor de la propiedad intelectual en América Latina

Latinoamérica tiene un «peso importante» dentro de la estructura y las metas de la INTA, la Asociación Internacional de Marcas Registradas. Sin embargo, según señala Etienne Sanz de Acedo, CEO de la asociación, la región «no le ha dado a la propiedad intelectual y a la propiedad industrial toda la importancia que podría tener».

En diálogo con Brands+, Sanz de Acedo y José Luis Londoño, jefe de la Oficina de Representación para América Latina y el Caribe de INTA, repasaron los desafíos que presenta la región en materia de propiedad intelectual y propiedad industrial, así como las acciones que INTA ha tomado durante su plan estratégico 2018-2021 para hacer avanzar el desarrollo de esas áreas en América Latina.

Las acciones de INTA en América Latina se han incrementado desde la creación, en mayo de 2017, de la oficina regional, comandada por Londoño, en Santiago de Chile. «El objetivo con la apertura de esa Oficina de Representación fue dar mayor servicio a los miembros de la región, intentar incorporar a más empresas locales o regionales y, sobre todo, sensibilizar a las autoridades sobre la importancia de la propiedad intelectual y la propiedad industrial en torno a tres ejes fundamentales: el valor de la propiedad intelectual como motor de desarrollo económico, la lucha contra la falsificación y la piratería y tercero la lucha contra el concepto de brand restriction», detalló Sanz de Acedo.

LA PI COMO MOTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

Los estudios realizados por el INTA en materia de PI en la región –el primero en 2016, el segundo en 2019– han revelado el impacto que el desarrollo de la propiedad intelectual tiene en la economía local y, por tanto, en el bienestar de las personas.

«Hemos ido llevando un mensaje del valor económico que tienen las marcas, la contribución positiva que tienen en las economías latinoamericanas», explica Londoño. «[Estos estudios] le han permitido a diferentes gobiernos darse cuenta de la importancia de una buena institucionalidad regulatoria y legislativa».

Londoño afirma que los números son muy positivos, pese a la informalidad que reina en la región: «El promedio de informalidad en la región es del 45%. Si la propiedad industrial da unos buenos resultados e impactos positivos aún con unos porcentajes altísimos de economía informal, el impacto sería aún mayor si la economía fuera más formalizada».

Desde la oficina regional, Londoño ha encabezado el trabajo de INTA en la región, que toma varias formas e incluye la coordinación con las oficinas de PI locales –»Son nuestro primer punto de contacto»- y el asesoramiento en la actualización de los marcos jurídicos.

Brasil, Colombia y Costa Rica, en proceso de actualización de su estrategia en materia de propiedad intelectual e industrial, han invitado a la INTA a participar de la discusión. «Hemos trabajado con miembros nuestros locales y hemos presentado recomendaciones a estos tres países, principalmente basadas en cuatro frentes, que tienen que ver con las políticas de promoción y divulgación del uso de la propiedad industrial en beneficio del sector empresarial de cada uno de esos países; con la observancia de los derechos; con un marco regulatorio más sencillo y coherente con la política económica del país; y con la inclusión de un nuevo elemento, fundamental en la propiedad industrial y que jugará un papel fundamental en la próxima época que es la monetización y la comercialización de los derechos de propiedad industrial», detalla.

«Las principales recomendaciones han sido un mayor fortalecimiento institucional, un mayor fortalecimiento de las autoridades de observancia y unas reglas claras para esa comercialización», resume.

Según explican los ejecutivos, la INTA trabaja con leyes modelos y guías de marcas registradas que son «la condensación de lo que hemos visto son las mejores prácticas en materia de normas para marcas y propiedad industrial de nuestros miembros en más de 150 países».

LA PIRATERÍA, LA FALSIFICACIÓN DE LA MANO DE LAS RESTRICCIONES DE MARCA

Latinoamérica no es ajena a los fenómenos globales que afectan a la industria, como son la piratería y la falsificación, así como tampoco a una tendencia que la INTA sigue con mucha preocupación: las restricciones de marca o brand restrictions.

En el caso de la piratería y la falsificación, como otros actores, la INTA observa que se está fallando en comunicar la gravedad del delito en relación a su rol como parte y facilitador de otras operaciones del crimen organizado.

«El denominador común es que los países y las autoridades de observancia no están viendo en el sistema de propiedad intelectual un aliado para combatir el contrabando y el comercio ilícito», afirma Londoño. «Porque no tienen suficiente conocimiento o no le dan suficiente importancia a los derechos de propiedad intelectual».

«Un juez actúa mucho más rápido, o con más certeza, si se trata de la falsificación de un medicamento porque ve en riesgo la salud, pero no si se trata de zapatos o ropa, porque allí cree que es un problema del mundo aspiracional», agrega.

Ante el crecimiento de los marketplaces, Sanz de Acedo se mostró confiado en lograr soluciones de combate al comercio ilícito que nazcan del diálogo entre todas las partes, sin necesidad de grandes reformas legislativas: «Las grandes plataformas son también miembros de INTA. Intentamos dialogar con ellas y fomentar un debate abierto entre los titulares más tradicionales de derecho de marca y las plataformas, y más que introducir modificaciones legislativas, lo que estamos intentando es que haya mejores prácticas que sean consensuadas entre todos los operadores dentro de la cadena de distribución».

«Estamos viendo, en muchos casos, resultados positivos, con plataformas que cada vez introducen más mecanismos de protección de los titulares de derecho y, sobre todo, protección de los consumidores de sus propios clientes», explica.

Para la INTA, un elemento que favorece las falsificaciones es la nueva ola de restricciones de marca, que reducen la identificación de la misma en los productos en favor de un etiquetado con advertencias –exceso de grasas, sodio, etc- con el argumento de fomentar el consumo responsable de los productos por parte de los consumidores.

«Esto teóricamente lo está haciendo el legislador para proteger unos buenos hábitos de consumo», comenta Sanz de Acedo. «Evidentemente la salud pública es una prioridad para todos, INTA incluida, pero esto se puede hacer a través de educación, divulgación, información y no a través de empaquetados genéricos o restricción al uso de marcas».

«La propia administración que ha otorgado un derecho a cambio de una tasa está ahora retirando ese derecho ¿En base a qué?», se pregunta. «Es una problemática global que comenzó con el sector del tabaco, pero ha ido expandiéndose a una serie de sectores donde hoy carece totalmente de sentido».

Londoño concuerda: «El plain packaging y el brand restriction son eufemismos de estados que están declarando como ilegales productos que son legales, pero que si lo hicieran de otra manera entrarían en la violación de muchas normas. Los mismos reguladores que enarbolan la bandera de la libertad individual son los que hoy toman medidas más cercanas a estados absolutistas».

Ambos consideran que se trata de una batalla difícil, porque el argumento que se esgrime es la salud pública, y entienden que a partir de esto los legisladores actúan sin medir las consecuencias. «¿Cómo hace el estado para garantizar el servicio de salud? ¿Quién lo paga? Cuando uno ve que el servicio de salud de los estados se paga por los empleados de las empresas y que son las empresas las que viven de los activos más valiosos, que son las marcas, los reguladores se están disparando en el pie», señala Londoño.

Para Sanz de Acedo, los estudios realizados por la INTA demuestran el impacto de la PI sobre la economía de cada país y, por tanto, el daño que estas medidas pueden causar: «Lamentablemente los argumentos jurídicos, que son muy válidos, en la mayoría de los casos no le importan al legislador. Los argumentos económicos, cuando pueden tener un impacto en votos, generan más sensibilidad», explica.

«Es una labor lenta, a muy largo plazo, pero que entendemos muy importante y que deben hacer asociaciones como la INTA, porque las empresas, de manera individual, tiene muy difícil ese acceso al legislador», asegura.

Las opiniones expresadas en Brands+ Intelectual Property News son de exclusiva responsabilidad de sus autores y pueden no coincidir con las del medio.

Luis Cabrera

Editor en Jefe