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Para entender la historia y actualidad de Panamá en materia de propiedad intelectual, pocas voces están mejor calificadas que Hugo Morán R., socio fundador de la firma especializada Moran IP, y un abogado de extensa trayectoria en la materia, con participación en la elaboración de legislaciones que tocan áreas como el comercio ilícito y la propiedad industrial.

La creación de Moran IP le permitió a su socio fundador –miembro del Comité de Lucha contra la Falsificación de INTA y de Crime Stoppers International- plasmar en un nuevo proyecto su pasión por la propiedad intelectual: «La creación intelectual y la actividad innovadora materializada en nuevos productos nos hacen más fácil la vida», señala Morán. «La innovación materializada en la propiedad intelectual corta la brecha entre los países desarrollados de aquellos en vía en desarrollo».

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«En Moran IP, nosotros entendemos y valoramos el esfuerzo que realizan autores de obras y titulares de marcas, patentes y demás derechos de propiedad industrial. Por ello nos enfocamos en diseñar estrategias para proteger y defender sus derechos. No lo consideramos un cliente más. Nos sentimos partners de estos titulares», afirma.

¿Qué lo llevó a establecer a Moran IP como la primera firma de abogados boutique especializada en propiedad intelectual en Panamá?

Moran IP es el resultado de más de 20 años de aprendizaje diario de unas de las ramas más interesantes del derecho: la propiedad intelectual. En Panamá existen prestigiosas firmas de abogados que cuentan con diferentes áreas del derecho, incluyendo departamentos de IP, los cuales están conformados por respetados colegas. Pero en el mundo actual del derecho, la especialización es fundamental. Teniendo presente esto, decidimos enfocarnos en lo que hemos hechos por años. Esto nos permite brindar un mejor servicio, y entender cada uno de las industrias.

¿Qué marcas representa?

Toda la clientela de Moran IP que nos ha confiado la protección de sus derechos tienen igual importancia para nuestra firma. Estamos comprometidos en conocer las necesidades de cada una de ellas. A la fecha, nos sentimos honrados y con una responsabilidad enorme en representar a diferentes titulares en Panamá y Latinoamérica, entre tales, sin anímos de limitar, podemos mencionar algunas de ellas:
(i) Industria de lujo: Richemont International SA y su grupo de Maisons (como Cartier International BV, Mont-Blanc Simplo GmbH, A. Lange & Söhne, Baume & Mercier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Piaget, Roge Dubuis, Vacheron Constantin, Chloe;) Chanel Sarl; Louis Vuitton Malletier, Burberry;
(ii) Industria de tabaco y licores: Philip Morris International, UUL Labs; Moet & Hennessy;
(iii) Personal care y consumo masivo: P&G, Philips, Avent Limited, L Brands (Victoria Secret’s) Bath; Victorinox, Wenger, 5.11;
(iv) Safe products: UL LLC;
(v). Calzado: Crocs; Vans;
(vi) Industria de celular y accesorios, electrónica, eléctricos y similares: Apple, Beats, hp, Skullcandy; (vii) Industria farmacéutica y dispositivo médicos:Merck Sharp and Dhome, Bristol-Myers Squibb, Roche, Medtronic;
(viii), Industria de lentes: Luxottica, Oakley, entre otras.

¿Cuáles son las principales preocupaciones de sus clientes? ¿Qué industrias son las más afectadas?

El comercio ilícito es como un monstruo con muchas cabezas, que afecta a diferentes industrias. Me voy a permitir dar algunos ejemplos de como impacta este fenómenos en dos industrias en tiempos Covid-19.

El 8 de mayo de 2020, el Presidente de Panamá, en ocasión de un veto presidencial de un proyecto de ley que intentaba prohibir la comercialización de cigarrillos electrónicos, indicó que el comercio ilícito de cigarrillos de combustible en Panamá es de un 79%. Es decir, de cada 10 cigarrillos que se encuentren en el mercado, 7 son de contrabando. En adición, entre marzo y agosto de 2020, la Autoridad Nacional de Aduanas ha retenido contrabando de cigarrillos por un valor que supera los USD 25 millones. Y esto podría ser la punta de iceberg. Es evidente que en estos tiempos de crisis económica existen organizaciones ilegales bien organizadas, que cuentan con suficientes fondos, para financiar comercio ilícito de tabaco.

Otro ejemplo es el impacto en la industria farmacéutica. Existen casos, no sólo en Panamá sino a nivel mundial, en donde el crimen organizado se ha aprovechado de la crisis sanitaria para introducir diferentes productos falsificados al mercado, tales como medicamentos, mascarillas, test para detectar Covid-19, tratamientos para combatir Covid-19, entre muchos otros.

¿Cómo evalúa la capacidad que posee Panamá para controlar el enorme volumen de contenedores que transitan por el Canal?

Esto un reto enorme para nuestras autoridades aduaneras. Según la Organización Mundial de Aduanas (OMA), las Aduanas a nivel mundial tienen capacididad de inspeccionar, como mucho, el 10% de los contenedores. En Panamá transitan anualmente 7 millones de contenedores TEU, por lo que el 10% sería 700.000 contenedores que deberían ser inspeccionados. Esa tarea es prácticamente imposible, tomando en cuenta el rol que tiene Panamá de facilitar el comercio internacional. Por esa razón, las actividades de análisis de riesgo juegan un papel fundamental y el apoyo del sector privado es vital para coadyuvar con las autoridades. En adición a ello, el apoyo que brinda algunas organizaciones no gubernamentales es importante para el país y la región. En ese sentido, desde el año 2010 el Programa de Control de Contenedores, una iniciativa supervisada por la Oficina de Las Naciones Unidades para la Droga y el Delito (UNODC) y la OMA, ha trabajado de la mano con Aduanas Panamá en el perfilamiento de contenedores sospechosos.
Por otra parte, Crime Stoppers Panamá ha puesto a disposición de la población una plataforma para presentar denuncias anónimas de diferentes delitos, como contrabando de cigarrillos y falsificaciones de marcas. Esta lucha contra el comercio ilicito es de todos.

¿Qué opinión tiene del enforcement en el país?

Panamá tiene cultura de enforcement. No solamente en Aduanas. La evolución de esta problemática nos ha obligado en contar con una agencia investigativa especializada, la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Derechos de Propiedad Intelectual y de Seguridad Informática, que facilita el trabajo de enforcement. En adición a lo anterior, existe un División de Delitos contra Derechos de Propiedad Intelectual y una Unidad Sensitiva de Inteligencia, ambas de la Policía Nacional, que realizan una labor extraordinaria de inteligencia en el mercado interno y en puertos.

Este enforcement no sólo se concentra en la actividad marítima, sino en las zonas aeroportuarias. Aduanas Panamá es consciente que el modus operandi del comercio ilícito cambio por las redes sociales. Cada día mas los servicios de couriers son usados para introducir al mercado productos falsificados, para posteriormente ser comercializados en redes sociales como Instagram y Facebook. Por motivo del Covid-19, el comercio ilicíto se ha incrementado en el país. La Fiscalía y la Policía Nacional han realizado un trabajo excepcional. No es lo mismo dar de baja a una cuenta de Instagram. Esto es un must be, pero es fácil abrir nuevamente otra cuenta en redes sociales para seguir esta actividad delicuencial. Lo que le dá valor agregado a este tipo de enforcement es que las autoridades son conscientes que tienen una obligación por Ley de realizar investigaciones para identificar los dueños de las cuentas, a través de operaciones encubiertas, seguimiento, vigilancia y compras contraladas, para después realizar operativos efectivos en bodegas y puntos de venta. Estas actividades de investigación también incluyen seguir el dinero ilícito generado por la venta de productos falsificados, el cual es introducido al sistema bancario del país. Esto es subir a otro nivel la lucha contra el comercio ilicito. En Panamá hay demasiados ojos abiertos que coadyuvan en el enforcement en el país.

¿Cómo analiza la evolución del marco legal en materia de propiedad intelectual vigente en Panamá durante los últimos años?

Panamá siempre ha estado a la vanguardia en la implementación de leyes de propiedad intelectual, y en especial, leyes de medidas de frontera. Nuestra realidad nos ha obligado a ello por la posición geofráfica y nuestra economia de servicios. Actualmente se discuten importantes proyectos de leyes como las que que reforman el decreto ejecutivo que regula las medidas de fronteras de aduanas, la nueva Ley de Contrabando y Defraudación Aduanera, y reformas al Código Penal y Código Procesal penal. Nuestras autoridades son tradicionalmente de puertas abiertas a estas discusiones, y han permitido que el sector público y el privado intervengan en sus mesas de trabajo. Como interesados en estos temas, Moran IP ha tenido una participación activa, proponiendo normativas innovadoras como procedimientos administrativos abreviados, fast track para destrucciones de productos falsificados y de contrabando, entre otras.

¿Qué puede destacar del proyecto de ley modelo sobre comercio ilícito que la semana pasada fue aprobado por el Parlatino?

El año pasado Crime Stopper Panamá, grupo de estudiosos de la academia y abogados de Moran IP, trabajaron en una herramienta legal que cubriera todos los aspectos del comercio ilícito, en sus diferentes modalidades. Luego de varios meses de arduo trabajo pro bono analizando normativas internacionales, surgió la propuesta “Proyecto de Ley Modelo para combatir el Comercio Ilícito y el Crimen Transnacional”. El proyecto analizó varios aspectos: la transparencia en la cadena de valor, cooperación y asistencia público–privada, educación y conocimiento de los consumidores y usuarios, debida diligencias, infracciones y sanciones, sistema de monitoreo, buenas prácticas, comercio electrónico, entre otros. Parlatino acogió el proyecto por ser una normativa innovadora. Ahora lo que corresponde es una labor de divulgación y educación para su implementación en cada país latinoamericano y del Caribe. A manera de comentario, Aduanas Panamá ha tomado la delantera en ese sentido, incluyendo normativas de esta Ley Modelo en el proyecto de reforma de la Ley de Contrabando y Defraudación fiscal, la cual data de 1984.

¿Cuáles cree son las principales herramientas que el sector privado debe brindarle al personal de Aduanas para colaborar con su trabajo?

Creo que todo empieza con el entrenamiento. Es poner en la mente de las autoridades las marcas de los titulares. Pero más allá del tradicional entrenamiento, es importante hablarles de casos prácticos. Brindarles inteligencia de mercado, keyplayers con antecedentes, rutas, etc. Es decir, el sector privado y las firmas de abogados tienen la obligación de salirse de su zona de confort, y brindarle un valor agregado a las aduanas y demás autoridades. Nosotros nos ponemos en los zapatos de los analisis de riesgo, porque es una actividad compleja. Cada perfil tiene su característica propia: origen, destino, rutas, peso, embarcador, consignatario, agente de carga, naviera. Es allí en donde el abogado debe coadyuvar con la autoridad. Es un trabajo de todos los días, y Moran IP se ha comprometido con esto.

¿Qué opinión le merece la coordinación en la región para el combate al comercio ilícito transnacional? ¿En qué se puede mejorar?

Las leyes aduaneras de cada país incluyen dentro de su normativa la cooperación internacional, pero este tema debe ser mirado de forma casuistica por cada autoridad aduanera. Algunos países consideran estos delitos como menos graves y de riesgo bajo. En esos países es necesario alertar la conexidad entre este tipo de delitos y otros delitos más graves como el blanqueo de capitales, trata de blanca, narcotráfico, entre otros. Sin embargo, es importante reconocer que durante la pandemia esta cooperación internacional se ha reforzado en algunos países. Esto se ha traducido en importantes decomisos, con operaciones internacionales en donde han intervenidos aduanas panameñas, dominicanas y de Colombia. Muchas jurisdicciones son consciente que el comercio ilícito es un flagelo transnacional y que deben trabajar en armónica colaboración. Pero estamos a mitad de camino y falta mucho por recorrer.

¿Cuál ha sido el impacto del crecimiento del comercio electrónico en las áreas en las que su firma trabaja?

Con el Covid-10, el comercio electrónico llegó para quedarse. Para muchas empresas es un tema de supervivencia. Ha sido un cambio drástico, en un corto tiempo. Los cambios no sólo se limitan en la adecuación de las plataformas tecnológicas de las empresas, seguridad en las transacciones bancarias, despacho de productos, atención al cliente, entre otros. Para los agentes económicos existen muchos retos por venir. La entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos en Panamá, en marzo 2021, es uno de ellos. Otros de los retos es los temas de competencia desleal entre comerciantes, mercado gris y el comercio ilícito de productos. Desde que comenzó la crisis sanitaria en Panamá, Moran IP ha venido asesorando a empresas para adecuar sus prácticas de comercio electrónico para reducir riesgos en sus actividades.

¿Cómo entiende que ha impactado e impactará en los próximos meses la pandemia global en el comercio ilícito y crímenes relacionados?

Nosotros consideramos que la principal preocupación en la era post-Covid-19 de parte de clientes y aquellos expertos que estudian el comercio ilícito, es la penetración de capitales ilícitos para ser blanqueados en el comercio. Por ello, creo que es obligatorio prestarle especial atención a las consencuencias del comercio basado en blanqueo de capitales (denominado Trade-based Money Laundering), y sus vinculación con delitos precedentes como el contrabando, delitos contra derechos de PI, defraudación aduanera y fiscal, entre otros.

Como miembro de la Junta Directiva de Crime Stoppers Panamá, hemos alzado la voz con campañas para crear consciencia en el comercio para que sus operaciones no se vean involucradas en operaciones de blanqueo de capitales. El comercio ilícito formará parte de la nueva normalidad, la cual impactará nuestras economías por muchos años.

Las opiniones expresadas en Brands+ Intelectual Property News son de exclusiva responsabilidad de sus autores y pueden no coincidir con las del medio.

Luis Cabrera

Editor en Jefe