Cámaras empresariales y compañías de televisión paga de Colombia solicitan a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia que tenga en cuenta el impacto de los servicios OTT y el problema de la piratería en el mercado audiovisual, en el marco de la consulta pública del proyecto regulatorio «Actualización normativa en materia de contenidos».
El proyecto busca determinar si las medidas de protección del televidente y participación ciudadana en el pluralismo informativo que se aplican actualmente en la televisión abierta colombiana deben extenderse también a la televisión paga y a la comunitaria.
El punto de partida de la CRC es que «las medidas actuales de protección al televidente y participación ciudadana no reflejan la evolución del sector para promover el pluralismo y la imparcialidad informativa en defensa de los intereses de los televidentes y el control de contenidos audiovisuales».
Esto se debe, según el organismo, al cambio en el marco legal competencial del servicio de televisión (la creación de la CRC en reemplazo de ANTV), el surgimiento de nuevos modelos de negocio y nuevas dinámicas de consumo audiovisual, la falta de adopción de mecanismos de autorregulación y corregulación, la inexistencia de evidencia de que en todas las medidas regulatorias vigentes se hubiese aplicado metodologías de mejora y la falta de adopción de nuevas herramientas tecnológicas para la participación.
Como consecuencia, el organismo plantea que se genera una ineficiencia en defensa de los intereses de los televidentes, insatisfacción de los televidentes y alcance limitado de la participación ciudadana.
De los comentarios recibidos en la consulta hasta el momento, mayormente de compañías privadas y cámaras empresariales, se plantean diversas observaciones, por ejemplo, la Cámara de Comercio Colombo-Americana (AMCHAM) sugirió que la implementación de medidas efectivas debería contemplar mecanismos para enfrentar la piratería, así como el desarrollo de campañas informativas sobre sus efectos negativos e invertir en publicidad para que las mismas lleguen «a todos los consumidores».
Además se planteó que la CRC cuente con información actualizada sobre el impacto de las OTT en el sector audiovisual «con el fin de tener en cuenta las cargas regulatorias que esto implica y evitar las distorsiones dentro del mercado».
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) como la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) hicieron foco en la piratería y campañas informativas, en términos similares a los de AMCHAM.
ASIET señaló que «la piratería audiovisual en sus diferentes modalidades es una amenaza directa para el consumidor que no se considera en el análisis que realiza la CRC… Teniendo en consideración la grave amenaza que representa la piratería para el usuario, las campañas informativas han probado ser una herramienta comúnmente utilizada a nivel mundial en el contexto de esta lucha».
Por su parte, ANDI indicó que «se sugiere implementar líneas de acción en cuanto generar a una cultura de denuncia y la identificación de operaciones informales para así mitigar los efectos indeseados que genera la piratería en el sector de televisión paga».
DirecTV planteó que «la Comisión omite unas de las amenazas principales y actuales en lo que refiere a protección del consumidor, y es la que se refiere al crecimiento exponencial de la piratería audiovisual en sus modalidades tradicional y offline».
«Las campañas informativas han probado ser una herramienta comúnmente utilizada a nivel mundial en el contexto de esta lucha. En los esfuerzos de creación de este tipo de campañas informativas, destinadas al público en general, resulta necesario darle prioridad al tema de informar al consumidor, en su calidad de usuario de páginas piratas, de los riesgos que se derivan de acceder a contenido audiovisual a través de estos portales», concluyó.
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