Así lo establece el Proyecto de Ley que, de ser aprobado, modificaría la normativa de Propiedad Intelectual, con el objetivo de agilizar el cierre de páginas que hayan vulnerado los derechos de propiedad intelectual.
El Gobierno de España podrá cerrar webs piratas sin autorización judicial, según publicaron medios locales.
En 2017 hubo 4.005 millones de accesos digitales ilegales a contenidos por un valor de 21.899 millones de euros, ocasionando un perjuicio al sector de 1.857 millones -según el Observatorio de piratería y hábitos de consumo digitales-. En este contexto, el Proyecto de Ley pretende modificar la normativa de Propiedad Intelectual.
De esta forma, cuando exista «reiteración por segunda vez de actividades ilícitas», el prestador de servicios de internet que aloje el contenido deberá ejecutar «la medida de colaboración» solicitada desde el Ministerio de Cultura, que «no requerirá la autorización judicial prevista» en la llamada Ley Sinde y exigida hasta ahora.
Esta reforma tiene como objetivo agilizar el cierre de páginas que hayan vulnerado previamente los derechos de propiedad intelectual, tanto webs piratas de películas y series como réplicas del trabajo periodístico de diarios de información.
En esos casos de reincidencia, la decisión quedaría en manos del Ejecutivo, que no necesitaría solicitar al juzgado «la autorización».
Para su aprobación solo restaría el visto bueno del Senado, Cámara a la que el texto llegará mediante trámite de urgencia, con 20 días para devolverlo al Congreso.
«Esto supone un avance en la línea de países de nuestro entorno, como Italia, Portugal y Reino Unido. La medida sólo va contra los piratas reincidentes, que aun así cuentan con la posibilidad de recurrir por la vía contencioso-administrativa», defiende la Coalición de Creadores e Industrias de contenidos, según publicó el portal de El Mundo.
«Para un producto cultural sujeto a derechos de autor el tiempo resulta fundamental y con esta enmienda lograría acortarse», destacan.
Por su parte, la Asociación Española de Economía Digital (Adigital) cree que esta enmienda «aniquila la garantía procesal que aporta la intervención judicial por el mero hecho de que el sujeto hubiera incumplido antes». Es que entre las más de 500 compañías asociadas a Adigital se encuentran plataformas susceptibles de alojar páginas web que utilicen contenidos que no son de su propiedad.
En la misma línea, la asociación de consumidores Facua «rechaza la enmienda» por «la pérdida de libertades que puede suponer». Según aclaró el Ministerio de Cultura, «el cese de actividad de una página web (ya prevista en la Ley de Propiedad Intelectual) sólo se puede adoptar en caso de reiteración de conductas ilícitas, tras concluir varios procedimientos administrativos».
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