La marca neoyorkina de indumentaria Supreme ha estado en las noticias estas semanas tras haber ganado un juicio a la marca de imitación Supreme Italia por los derechos de su nombre y logo en China.
Supreme Italia, una empresa que ha admitido a la producción de productos falsificados en el pasado, operaba de forma legal en el país y en varios otros países europeos, llegando a convertirse en lo que se conoce como “legal fake”.
¿Cómo sucede esto? Registrando una marca en países donde su dueño original no lo ha hecho aún, de alguna manera, ganando de antemano. Y el sistema legal Chino tiene una historia de favorecer a las compañías que registran primero, abriendo la puerta a un centenar de marcas de imitación oportunistas.
En el caso de varias grandes marcas, defender su trademark es más fácil, porque por más de que no haya publicidad o tiendas físicas en el país, sus productos tienen el suficiente significado secundario para ser considerados marcas registradas de facto.
Sin embargo, en el caso de Supreme las cosas son más difíciles. Para empezar, su logo es una fuente sobre un fondo rojo, genérico en términos distintivos, y su nombre, ‘Supreme’, es una palabra descriptiva, no un nombre, por lo cual es difícil argumentar que su uso no sea de uso gratuito para todos.
Al día de hoy, Supreme es una de las marcas más falsificadas en el mundo. Y el caso de Supreme vs Supreme Italia no ayuda las cosas.
Si bien la marca original ganó su juicio en China y otro en Italia, las cosas se han complicado en el resto de Europa. En España perdió, y Supreme Italia continúa operando como Supreme Spain con venta online y tiendas en Madrid, Barcelona, Ibiza y Palma de Mallorca.
Además, International Brand Firm (IBF), compañía del Reino Unido propietaria de Supreme Italia, ha registrado la marca en 67 países, principalmente en Europa y África. Además, hay planes de abrir tiendas en países de todo el mundo, comenzando con Serbia, Bielorrusia, Chipre, Portugal y los estados del Golfo.
Actualmente, Supreme está intentando registrar su marca en la Unión Europea, pudiendo así evitar tener que registrarse en cada país por separado. Su primer intento fue denegado, pero la decisión se ha apelado desde entonces y todavía se está examinando el caso.
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