Pocas organizaciones, gubernamentales y no gubernamentales, tienen la visión global de la actividad criminal en nuestra región que posee Crime Stoppers. La organización internacional, que desembarcó en América Latina hace menos de una década, se ha transformado en uno aliado fundamental de los gobiernos, los privados y la ciudadanía en el combate al comercio ilícito, particularmente en Centroamérica.

En un presente marcado por las medidas tomadas para combatir la presencia del Covid-19 en nuestros países, Brands+ dialogó con Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers para América Latina y El Caribe, sobre el impacto del crimen transnacional en la vida de los ciudadanos, las acciones realizadas para su combate, el trabajo en conjunto con públicos y privados y la incidencia de la pandemia en la actividad ilícita.

¿Cómo comenzó Crime Stoppers a trabajar sobre el contrabando en la región?

Comenzamos a trabajar los temas de contrabando con un enfoque muy diferente a lo que se venía haciendo antes. El enfoque del comercio ilícito siempre tenía que ver con un punto de vista económico, cuánto el país deja de percibir en impuestos o cuánta mano de obra se pierda por el cierre de las empresas afectadas. Nosotros vinimos a aportar un enfoque del comercio ilícito vinculado a la seguridad nacional y la seguridad ciudadana.

¿Por qué se eligió ese enfoque?

Hace unos cinco o seis años el Departamento de Estado de EEUU presenta una investigación donde queda muy claro que el contrabando y las falsificaciones están vinculados directamente a la economía criminal de grupos terroristas transnacionales como son Hezbola, Al Qaeda, etc. Estos financian parte de su estructura criminal, en lo local y lo internacional, a través del comercio ilícito.

La gente se preguntaba ‘¿cómo a mi me termina afectando que un producto como el cigarrillo, que dicen financia a un grupo terrtorista?’ Es fácil, estos grupos transnacionales utilizan las pandillas o grupos locales para hacer la parte logística de distribución, recaudación y lavado de dinero. Esas son las mismas estructuras criminales locales que tienen amenazadas a la población de forma permanente.

Era muy necesario que la gente entendiera esto para poder pedirles que denuncien el delito. La gente en Centroamérica tiene mucho miedo a las pandillas y en nuestras campañas informábamos, por ejemplo, que comprando un cigarrillo de contrabando estaban financiado a las pandillas que no las dejan vivir.

¿Qué ejemplos nos puede dar de campañas exitosas contra productos de contrabando o falsificados?

Cuando la gente empezó a entender eso empezamos a hacer pública cuáles eran las marcas más contrabandeadas o falsificadas. Fue un proceso, que seguimos haciendo, porque los cambios culturales, estos temas complicados, son de largo plazo. El crimen organizado que controla el contrabando es muy creativo y es capaz de cambiar rápidamente su estructura y sus commodities. Cuando un producto deja de ser rentable pasan a otro producto

Con la marca de cigarrillos Modern, que viene de Asia, se hizo una campaña muy fuerte en El Salvador y Guatemala explicando que es un producto de contrabando y sus ventas cambiaron, por lo que la red de contrabando debió buscar otras alternativas y Modern no se vio por un tiempo en el mercado. Ahora está volviendo con furia.

¿Cómo es el trabajo con las autoridades nacionales?

Para que Crime Stoppers funcione en una país se debe firmar convenios marcos de cooperación con el país y los ministerios de seguridad. Hay que ir trabajando en una estrategia 360º porque hay que incluir a todos los sectores por igual, dado que acá se suman los temas de blanqueo de capitales, trata de personas -porque son las mismas rutas de contrabando- el narcotráfico… Lo que busca la estructura criminal es ganar dinero de una forma ilegal; si hoy es cigarrillo o shampoo, mañana es aceite o cocaína. Lo que importa es la utilidad. Nuestra filosofía de trabajo es poner en una mesa a todos los que ven estos temas desde diferentes lugares y ver, en un caso concreto, cuál es el mejor abordaje para que haya un resultado exitoso.

¿Cuál es el rol de los privados en esa coordinación?

Con el sector privado trabajamos muy de cerca en temas de comercio ilícito, en tema de extorsiones y en temas de blanqueo de dinero mediante comercios. En el tema de comercio ilícito son los principales afectados. En Panamá, por ejemplo, más de 70% del mercado de fumadores consume productos ilegales. Es muy importante que el sector privado comparta la información que tiene para elaborar casos más grandes. Deben también entrenar a las autoridades y no dar por sentado que se entiende el problema que tienen.

La fuente de información es el sector privado. Tiene que haber una relación estrecha entre las partes. A diario pasa que debemos poner rápidamente en contacto a un perito del sector privado con las autoridades, que necesita respuestas en el momento. La comunicación debe ser fluida para que haya un trabajo en equipo.

¿Qué participación tiene Crime Stoppers en la elaboración de leyes o actualización de normas para el combate al comercio ilícito?

Nosotros participamos de mesas de diálogo para la creación y reforma de leyes en algunos delitos especiales, en temas de Aduanas, de reforma fiscales, de lavado de dinero. Ahora hemos tenido la iniciativa de hacer un proyecto de ley modelo para América Latina, en conjunto con el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), que es la Ley de Comercio Ilícito y Crimen Transnacional. La ley ya fue ingresada a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Parlatino, se está debatiendo y esperamos que este año sea aprobada por todos los estados miembros.

Es una ley que genera una guía para todos aquellos países que están haciendo o reformando una ley sobre comercio ilícito. Al ser el comercio ilícito un crimen transnacional es importante tener entre todos los países algunos acuerdos consensuados, en terminología, en faltas, en forma de operar. Una vez aprobada esta ley modelo vamos a generar cooperaciones técnicas para ver cómo instrumentar en el marco normativo local esta ley modelo que es supranacional.

¿Cómo analiza el presente marcado por la pandemia global en relación con el comercio ilícito?

Nos preocupa mucho el momento y el día después, cuando se empiecen a abrir y flexibilizar las medidas de cuarentena. Actualmente lo que vemos es poco control en origen y en destino de las cargas a nivel de comercio internacional, y por lo tanto una oportunidad muy buena para contaminar las cargas con productos de contrabando. Lo que no es que se estén vendiendo ahora, porque entendemos que hay un stock de contrabando en el mercado dando vueltas, pero entiendo que se están preparando para cuando la gente realmente esté en las calles, cuando el consumo explote un poco. Allí va a haber una sustitución muy grande de productos legales por productos de contrabando y que en este momento se están abasteciendo esas bodegas ilícitas por los pocos controles que hay; por un lado, menos personal en los puertos y en las instituciones de control, por otro lado, la necesidad, hasta política, de acelerar todo tipo de proceso que tenga que ver con comercio internacional porque necesitamos ya los contenedores de mascarilla, de alcohol en gel y las pruebas de coronavirus. En esta carrera se están perdiendo ciertos controles. Se están viendo contenedores enteros, por ejemplo, desde Asia o Europa hacia Latinoamérica con productos ilícitos o con dinero.

Lo que se ha paralizado es la industria legal; el crimen organizado transnacional no se ha detenido. Puede ser que haya bajado su actividad, pero ha buscado alternativas para seguir generando los mismos recursos, lo más que pueda, en estos tiempos de pandemia.

¿Hay alguna área en particular que le genera preocupación?

Hemos visto una incautación millonaria de mascarillas que hizo Interpol en marzo, cuando empezaba el tema del covid. Ya se estaba preparando la estructura de crimen organizado para lo que venía. Los gobiernos comienzan a abrir cuarentenas y ponen como medida obligatoria el uso de la mascarilla y alcohol en gel. No hay una industrial legal que tenga capacidad para atender la demanda enorme de esos productos y le dejan un espacio muy grande a industrias ilegales que están falsificando esos productos, sin cumplir ninguna regulación y pudiendo llegar a generar un rebrote del covid-19. Esto va a empezar a generar muchas preocupaciones en los próximos días.

El otro tema es el lavado de dinero. Estas estructuras criminales transnacionales han generado mucho dinero, el que se está acumulando en la casa o bodega de alguien. Cuando se empiece a normalizar la economía va a haber una necesidad imperiosa de poner este dinero en el sistema financiero lo más rápido que se pueda. Va a haber mucha gente que va a necesitar mucho efectivo para poder reactivar su negocio y las estructuras de lavado tienen claro que pueden utilizar esos negocios a punto de quebrar para poner su dinero en el sistema financiero. En Panamá estamos armando una campaña cuyo mensaje es ese: reactiva tu negocio, pero de forma legal. No hay que aceptar dinero de desconocidos o de procedencia dudosa. Cualquier negocio puede ser usado para blanquear capitales. Es algo que tenemos que empezar a advertir a la gente.

Las opiniones expresadas en Brands+ Intelectual Property News son de exclusiva responsabilidad de sus autores y pueden no coincidir con las del medio.

Luis Cabrera

Editor en Jefe