Con el objetivo de combatir de manera efectiva y eficiente las pérdidas millonarias que causa la piratería online del contenido audiovisual en Brasil, la Agencia Nacional de Cine (Ancine) y la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) han unido esfuerzos para generar un mecanismo de trabajo en conjunto que busca, mediante una acción administrativa, lograr el bloqueo en el territorio de los sitios infractores.
El proyecto, aún en discusión, no demanda ningún cambio en el marco legal, enfatizan sus promotores, ni tampoco suplanta el accionar o las responsabilidades del sector judicial, sino que asiste a estos con una velocidad de respuesta mayor, más acorde a la tecnología que se está buscando combatir.
«Lo que estamos buscando es crear un mecanismo para identificar y bloquear a los sitios que viven de la distribución de contenido ilegal», explicó en diálogo con Brands+ IP News el coordinador de Combate a la Piratería de Ancine, Eduardo Carneiro. «Queremos combatir la piratería en Internet sin perjudicar ningún derecho».
Se afirma que Brasil pierde 1 billón de reales en impuestos cada año por la piratería. ¿Cómo presentaría la situación de la piratería de contenidos audiovisuales en su país?
Las pérdidas anuales para la TV paga son de 9 billones de reales. Para el mercado de films y series en torno de los 4 billones. En esos valores, el gobierno deja de recaudar en impuestos en un entorno de 1 billón de reales. Son números considerables, y un punto que siempre hay que reforzar es que, además de las pérdidas para las empresas y de impuestos para el gobierno, es una cuestión de seguridad pública. Esos montos, está comprobado, sirven para alimentar el crimen organizado como todo.
Si bien el foco está puesto en el contenido distribuido ilegalmente por Internet. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el contrabando de set-top boxes piratas?
De parte de Ancine nuestro esfuerzo es combatir principalmente la piratería en Internet, la distribución vía streaming o IPTV de forma ilegal. Junto a ello está el apoyo que podamos brindar a las autoridades de frontera, de aduana, en relación a la entrada de equipamientos de TV que tornan gratuitos a los canales de TV paga. En el entorno de dos millones de equipamientos ilegales ingresaron al país el año pasado. Por más que Internet es el principal medio de distribución de contenido ilegal, aún es muy fuerte la presencia de esos set-top boxes ilegales en el territorio brasileño.
¿Cómo surgió la idea de este mecanismo de bloqueo de sitios piratas en mano de las agencias audiovisuales?
Estudiando casos de éxito en el exterior relacionados al bloqueo de sitios. Hay modelos en los que el propio estado va al Poder Judicial a buscar una orden de bloqueo y otros casos en los que órganos de la administración consiguen determinar el bloqueo de forma directa, como en Portugal o Inglaterra. Lo que estamos buscando es construir esa base jurídica para que Ancine tenga las atribuciones para combatir la piratería y proteger los derechos de autor actuando en conjunto con Anatel, que regula a los operadores de la telecomunicación.
¿Cómo funcionaría?
Ancine recibiría la denuncia de la violación de parte de los titulares de derecho, constataría que se ha infringido el derecho de autor y Anatel determinaría el bloqueo del sitio en el territorio nacional por un periodo determinado o hasta que el sitio pruebe que dejó de contar con contenido ilegal. Tenemos un equipo de trabajo formado para ese fin y estamos estudiando formas jurídicas de sustentar el modelo.
¿Quién realizaría el monitoreo de Internet? ¿Es algo que las agencias pueden asumir?
El flujo que está siendo construido es que ese trabajo de monitoreo sea responsabilidad de los titulares de los derechos. No pretendemos que la propia agencia reguladora haga ese monitoreo de Internet. Eso es responsabilidad de los titulares de los derechos, de buscar los sitios dentro de los criterios que se definen por cada reglamentación. En el modelo portugués, por ejemplo, se adoptó como criterio un número de 500 obras audiovisuales para considerar que un sitio vive predominantemente de la piratería. Está en discusión interna cuál será nuestro criterio para la identificación de los sitios. Una vez definido el criterio, el propio titular de derechos precisa hacer un monitoreo y luego indicar dentro esos criterios ya preestablecidos los sitios que pueden llegar a ser bloqueados.
¿Requeriría este mecanismo algún cambio normativo?
El modelo portugués fue puesto en efecto sin necesidad de regulación. No partió de una ley del gobierno portugués. Lo que pasó es que se logró un acuerdo entre todas las partes: los titulares de derecho de autor, la IGAC (Inspecção-Geral das Actividades Culturais) y los operadores de telecomunicaciones. Los memorandos de entendimiento, como les llamaron, definieron las responsabilidades sobre quién realiza la acusación de violación de los derechos autorales, asumiendo los riesgos de una posible acción en el Poder Judicial. Funciona así desde hace unos años en Portugal sin ningún reclamo sobre los bloqueos que fueron realizados. La explicación que dieron es que cuando se constata la violación de derechos de autor, con criterios, la materialidad del crimen ya está comprobada. Cuando esa búsqueda tiene criterio, se identifica de hecho un sitio que vive de la distribución de contenido ilegal, no ocurre esa acción de respuesta.
¿Cómo responde a las voces críticas de este tipo de mecanismo que lo catalogan de una forma de censura?
Entendemos que no hay ninguna violación, porque no se habla de la violación de la libertad de expresión en ningún momento. Cometer un crimen contra el derecho de autor no puede ser justificado como una acción protegida por la libertad de expresión. Entendemos que no hay ninguna violación a las leyes actuales en el país. No hay censura ni restricción a cualquier tipo de libertad. Solamente pretendemos combatir el daño de las violaciones de derecho de autor.
Es posible combatir a la piratería en internet de esa manera, sin perjudicar ningún tipo de derecho. Lo que estamos buscando en Brasil es identificar a los sitios que viven de la distribución de contenido ilegal. No está en nuestra intención bloquear un sitio que distribuya contenido periodístico o una sola obra ilegal. En lo que estamos enfocados es en los sitios que viven de la piratería. En un relevamiento que hicimos en conjunto con una empresa de tecnología, vimos que ese tipo de sitios van a ser 100% de contenido pirata.
¿Cómo sería el trabajo con la policía y la justicia?
Hoy en Brasil para conseguir el bloqueo de un sitio lleva el tiempo de una acción judicial, lo que no es un tiempo ideal. El escenario que consideramos ideal es que Ancine y Anatel puedan determinar esa orden de bloqueo del sitio mediante una acción administrativa, sin pasar por una orden judicial. Con eso, las agencias no pretendemos sustituir el trabajo judicial o policial; el trabajo de los órganos policiales y de seguridad de identificación de autoría para la aplicación de una sanción en la esfera judicial ocurre en paralelo. En el momento en que la agencia identifica y determina el bloqueo de un sitio por violación a los derechos de autor, tiene la posibilidad de tomar la información que asista a los órganos policiales para identificar la autoría del crimen. El Poder Judicial continúa con su potestad de individualización de la conducta para la aplicación de una sanción con base en la comprobación del cometimiento del crimen.
¿Cuál es la efectividad de este tipo de mecanismo?
Los países que consiguieron operar ese mecanismo han reducido la piratería en internet en un 70%.
¿Con qué velocidad se podría llegar desde la denuncia al bloqueo del sitio?
Citando nuevamente el modelo portugués, ellos logran hacer el bloqueo de las transmisiones en solo 15 minutos. Esa velocidad de bloqueo es necesaria si uno considera, por ejemplo, que un partido de fútbol dura 90 minutos. No se tiene tiempo para conseguir la orden judicial. El año pasado hubo 438 millones de accesos a sitios ilegales de contenido deportivo en vivo. Es un problema considerable la transmisión en vivo y la única forma de combatir esas transmisiones ilegales es con la velocidad que la acción administrativa puede generar.
¿Es optimista sobre la entrada en funcionamiento del mecanismo? ¿Cuándo podría darse?
Me considero una persona ansiosa, me gustaría que para final de este año ya estuviera en funcionamiento. Sería un escenario ideal. Sin embargo, como depende de una coordinación con otros órganos, creo que un plazo de un año es algo más realista. Nosotros trabajamos para que el mecanismo entre en funcionamiento cuanto antes.
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Luis Cabrera
Editor en Jefe